La disputa política entre oficialistas, a la que se sumaron los opositores para sacar provecho, ha puesto en el centro del debate un tema que indigna a los tucumanos: la narcopolítica, es decir, los vínculos que supuestamente tienen los narcotraficantes con los dirigentes de nuestra provincia. Varios quedaron sospechados, de alguna manera, de tener relaciones con las personas que se dedican a traficar muerte.

Esas declaraciones, realizadas para las tribunas, se escucharon en una semana en la que los habitantes de la provincia se enteraron que la guerra entre los narcos dejó más víctimas de la inseguridad en lo que va del 2021 y que fue la más sangrienta de los últimos cinco años. Espantados descubrieron los detalles de los tres crímenes cometidos por “Miguelón” Figueroa -un transa menor de Villa 9 de Julio- y del doble homicidio de La Invernada, donde padre e hijo fueron asesinados por sicarios, porque se sospecha que habrían intentado ingresar a un negocio que no es para cualquiera.

El narcotráfico es un pulpo que tiene tentáculos largos y peligrosos. Algunos son para matar, otros para aferrarse al poder, y también están los que sirven para comprar todo tipo de voluntades con las toneladas de dinero sucio que ganan fácilmente. En México, los cárteles de droga tuvieron una activa participación en la política aportando millones de dólares en las campañas. El colombiano Pablo Escobar Gaviría, uno de los narcos más reconocidos a nivel mundial, llegó a ocupar una banca en el Congreso de su país gracias a una candidatura testimonial. A nivel nacional y provincial, en los últimos años también surgieron indicios de que traficantes aportaron fondos a las campañas de oficialistas y opositores.

Carpetazos y algo más

La semana pasada fue muy movida. No vale la pena reproducir las desafortunadas frases de varios dirigentes que se acordaron de los presuntos vínculos entre narcos y políticos, y comenzaron a denunciarlos públicamente. Ninguno de ellos se presentó en la Justicia para que se iniciara una causa. Y no pueden excusarse en el temor, porque no hay ninguna persona en esta provincia que tenga más protección que un legislador. Si denuncian los vecinos de los barrios poniendo en riesgo sus vidas, por qué no pueden hacerlo ellos. Y si dicen que no tienen las pruebas, para qué hablan. En realidad, deben entender que su función es aportar una solución, no ser parte de un problema que en esta provincia no deja de crecer.

La Academia Argentina de Letras (AAL) define a la palabra carpetazo como la “difusión de información comprometedora sobre una persona, en particular un funcionario público o un militante político y a partir de datos provenientes de una carpeta”. Hay quienes afirman que en medio de esta interna feroz serán varios los carpetazos que se conocerán en los próximos días. Se transformará en la herramienta para destruir al rival de turno. Distinto sería que se produjera el “expediantazo”, es decir, que se iniciasen causas en la Justicia para determinar la veracidad de la acusación y, por supuesto, que el narco quede tras las rejas si es que hay indicios de delito.

La eterna polémica

Nuestros dirigentes, en medio de esta explosión de polémicas, siguen en deuda con los habitantes de los barrios de la provincia. Otra vez se suspendió la entrada en vigencia de la Ley de Narcomenudeo, norma que habilita a la Justicia provincial a acabar con los quioscos de drogas que tanto daño están generando en la sociedad tucumana. La discusión no es nueva: lleva casi siete años y parece increíble que no se haya encontrado una solución al problema.

La ley no entró en vigencia, porque el Ministerio Público Fiscal presentó una medida cautelar que evita su implementación, solicitud que fue avalada por la Justicia. El demandante tiene razón en señalar que no están dadas las condiciones para poner en marcha esta norma porque, por ejemplo, no hay un laboratorio para realizar las pruebas de las drogas que se secuestren; tampoco se designaron fiscales ni jueces para llevar adelante esta tarea y no hay lugar en las cárceles para encerrar a los acusados. En los poderes Ejecutivo y Legislativo sólo se escuchan palabras críticas para referirse a esta postura, lo que también es lógico y aceptable.

Pero lo que no se puede entender es cómo no se buscó una solución a este problema. Los representantes de los tres poderes, en siete años, tuvieron el tiempo suficiente para sentarse en una mesa y definir qué hacer con esta norma. Definir dónde buscar los fondos para construir dicho laboratorio; designar a los funcionarios judiciales que se encargarán de atender estos casos; coordinar acciones conjuntas con la Justicia Federal y buscar un lugar para alojar a los detenidos, entre otros puntos de discusión. No son problemas que no tengan una solución, lo que falta es voluntad para hacerlo. Mientras se demoran en dar un primer paso, los barrios (y no sólo los de la periferia), están quedando en manos de los narcos que ejercen su poder aterrorizando a los vecinos.